Este artículo es una reflexión sobre la eficacia de este mecanismo innovador que se aprobó el 21 de diciembre del 2020 por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el que se estipula que un grupo interdisciplinario 2 revise y corrobore la información de las candidatas y candidatos a través del formato 3 de 3 contra la violencia en el ejercicio de un cargo público y, en caso de ser falsa la información, procederá a cancelar su registro. Se trata de una medida con perspectiva de género que atiende tres aspectos, de ahí su nombre. Dicho mecanismo busca prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres:

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1. Las y los aspirantes pueden ser candidatos (os) a puestos de elección siempre y cuando no hayan sido personas condenadas o sancionadas mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica

2. Las y los aspirantes pueden ser candidatos (os) a puestos de elección siempre y cuando no hayan sido personas condenadas o sancionadas mediante resolución firme por cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal

3. Las y los aspirantes pueden ser candidatos (os) a puestos de elección siempre y cuando no hayan sido personas condenadas o sancionadas mediante resolución firme como deudores o morosos alimentarios, salvo que acrediten estar al corriente del pago o que cancelen en su totalidad la deuda y que no cuenten con registro vigente en algún padrón de esta naturaleza.

 

 

En México se sustituyeron 15 gobernadores de la República y 20,000 alcaldías. Las comisiones del Instituto Electoral hicieron la revisión de las candidaturas, un mes antes de la votación, con el objetivo de acreditar que ningún candidato incumpla con el 3de3 contra la violencia de género.

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Por su parte “La Observatoria” una iniciativa que agrupa a 154 asociaciones y tiene como fin
notificar a los partidos políticos, a la autoridad electoral y a la sociedad civil sobre los antecedentes de personas en cargos públicos y candidatas (os) violentos, ha dado a conocer la lista de denuncias que les han llegado de los actuales postulantes a algún cargo de elección popular y no cumplen con el 3de3 vs. la violencia de género.

De acuerdo a información de la Observatoria se han recibido alrededor de 76 denuncias, estas integran una lista que incluye prácticamente a todos los partidos políticos, inclusive a las alianzas conformadas para esta elección. Las acusaciones son de distinto índole: por vínculos con redes de trata de mujeres, redes de pornografía de mujeres indígenas, y acusaciones de violación sexual, abuso de menores, amenazas, entre otras.

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Destacan entre los candidatos violentos el de la Gubernatura de Guerrero, Félix Salgado
Macedonio, a quien el pasado 27 de abril le fue revocada la candidatura, pero no por las
acusaciones de violación interpuestas por tres mujeres, las cuales se desecharon por no contar con sentencias firmes, sino por temas de fiscalización, incumpliendo con el informe de gastos de la precampaña. En esta lista también se encuentra Gabriel Quadri, exaspirante a la Presidencia de la República en 2012 y actual candidato a una diputación federal por la alianza Va por México, acusado por acoso. En fin, la lista es variada y cada día se suman nuevas acusaciones.

El partido con mayor número de denuncias es Morena, debido a su mayor representatividad, por lo que los miembros del partido las miran con suspicacia por considerar que las acusaciones son meramente con fines políticos. Más allá de los dichos de los candidatos y los partidos, lo que es importante constatar es la cultura violenta, en particular contra las mujeres, que prevalece en el país y que durante mucho tiempo se ha normalizado y tolerado.

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Si realizamos una ponderación sobre la eficacia del mecanismo de prevención y protección,
podemos inferir que en una sociedad con una cultura que se ha caracterizado por ser machista, violenta y desigual, la aplicación de una medida de este tipo requiere la alienación total de las instituciones, en primera línea las encargadas de impartir justicia, las autoridades electorales, las comisiones partidistas, las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas etc. Esta sincronía representa aún hoy un ideal. Los alarmantes índices de violencia y crisis de derechos humanos, acentuados con la pandemia, son la muestra de lo lejos que estamos de lograr justicia y equidad.
 

El mecanismo implementado por el INE forma parte de una larga lucha de los grupos feministas por prevenir, sancionar y erradicar la violencia que vive más de la mitad de la población en México, y la urgente necesidad de aplicar acciones encaminadas a la “Cero Tolerancia a la Violencia”.

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Este mecanismo referente ha tenido la virtud de visibilizar las prácticas discriminatorias hacia las mujeres, quienes son doblemente victimizadas. Durante décadas hemos visto en puestos de elección popular políticos que no cumplían con la obligación de proporcionar una pensión alimenticia a sus hijos que, utilizando su posición de poder así como el fuero que le otorga su cargo público para cometer violaciones y abusos. Prácticas como estas han llegado a situaciones absurdas como el caso del exlíder del Partido Revolucionario Institucional, Cuauhtémoc Gutiérrez, a quien se descubrió utilizando su recinto de trabajo como despacho de reclutamiento de jóvenes mujeres dedicadas a realizarle favores sexuales.

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La gobernanza, a través de los funcionarios encargados de gestionar, distribuir y ofrecer servicios al público, queda en entredicho, y ha sido inhumanamente distorsionada. En vez de cumplir con los objetivos encomendados, acompañados de cuantiosas partidas, por el contrario, esto solo ha servido para empoderar cada vez más a las elites políticas, desviando los objetivos y los recurso que les fueron asignados a través del voto, que representa no solo un acto de confianza sino también de responsabilidad.

Entre los diversos factores que han agudizado la violencia en el país tienen como base la posición geoestratégica con respecto al norte del continente (Estados Unidos y Canadá), al sur (Centro y Sur América), oriente, (China) ubicando a México como un lugar con una importancia crucial para el crimen organizado, es el lugar de producción, procesamiento y tráfico de todo tipo de drogas y con ello de armas y personas. Así mismo, la crisis de salud, económica, de violencia, en fin humanitaria que azota al mundo entero, ha incrementado los flujos migratorios. México se consolida como espacio de tránsito de miles de personas provenientes de diferentes países, convirtiéndose así, en un país de personas que emigran, migrantes en tránsito y permanencia, y migrantes de retorno, éstos son un preciado botín mediante el tráfico de personas y todo lo que ello implica. Es un punto de enlace y un gran mercado económico. Todo lo anterior ha favorecido la corrosiva corrupción que impregna todas las instituciones de todos los niveles, hemos aprendido a vivir con la corrupción, la violencia y la impunidad, ya lo hemos normalizado, y para muchos no existe otra forma de organización social. Desde esta perspectiva no es raro ver como las denuncias aun no revisadas por el INE provienen de todos los partidos.

No es un asunto de partidos, es un asunto social, de ciudadanía y de derechos humanos. 

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Para concluir esta reflexión, es importante señalar que todas las iniciativas, mecanismos y políticas que vayan en el sentido de fortalecer la democracia, erradicar la violencia y promover la inclusión no sólo son pertinentes, son urgentes, y representan tan solo la punta del iceberg de un problema inmenso que no se puede atacar sin el respaldo social.

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Cada paso a favor de la justicia y los derechos humanos, como la iniciativa 3de3 vs. la violencia aunque parezca que no se cumple o su aplicación es complicada forma parte de la construcción ciudadana que pavimenta el camino de los Derechos Humanos que tanto trabajo ha costado edificar. Evaluar la eficacia de dicho mecanismo es aún prematuro, apenas se echó a andar en estas elecciones. De las 73 candidaturas denunciadas por la “La Observatoria” la autoridad electoral en su revisión sólo encontró tres candidaturas que fueron canceladas por contar con sentencias firmes por violencia política en razón de género. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF) restituyó las candidaturas con el argumento de que carece de facultades para determinar la pérdida de la presunción de contar con un modo honesto de vivir. Observamos las dificultades técnicas de su implementación, pero también subyacen intereses políticos y aspectos culturales. Su cabal implementación requiere de compromiso y ejercicio de justicia real donde no reine la impunidad, por lo que su aplicación sustantiva y que proporcione
resultados tangibles se encuentra aún lejos de lograrse. Otro ejemplo claro es el de Félix Salgado Macedonio, que no fue sancionado por incumplir el 3de3 y además impone a su hija para sustituirlo como candidata a la gubernatura de Guerrero, donde ganó, clara burla a la autoridad.

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Lo cierto es que es un mecanismo que pone el foco de atención en un tema que durante varios siglos parecía irrelevante, un trato justo y sin violencia para más de la mitad de la población. El punto es que genera un precedente, promueve la conciencia político-ciudadana y sensibiliza a la población sobre las malas prácticas. Son las élites políticas quienes deberían de ser los encargados de velar por los derechos humanos y no los violadores de los derechos humanos.

En este sentido es importante no bajar la guardia, apoyar las iniciativas y grupos que están
trabajando para que se denuncie y sancione a los funcionarios abusivos y violentos y sobre todo cerrar filas en todos los países. Utilizar las iniciativas progresivas como referentes para no dar marcha atrás.

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